El alcalde, Anthony Bermúdez, lamenta “la falta de lealtad y voluntad política” de la Junta de Andalucía “por no asumir una actuación de su competencia similar a la que ejecutó en 2020” y anuncia que seguirá reclamando la reposición de los espacios afectados y nuevos equipamientos para el centro educativo.
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha iniciado las obras de demolición de dos módulos del CEIP Emilia Olivares, una actuación motivada por la aparición y evolución de importantes grietas y deficiencias estructurales que han venido siendo objeto de seguimiento técnico desde 2022.
La intervención municipal responde al compromiso del Ayuntamiento con la seguridad del alumnado, el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa del centro, acometiéndose con recursos municipales ante la falta de acuerdo con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía sobre la administración responsable de ejecutar las actuaciones necesarias.
El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez; junto a la concejala de Educación, Maribel Plaza; ha señalado que el Ayuntamiento “afronta en solitario” el coste de la demolición, al considerar prioritario actuar ante el agravamiento de los daños detectados en el edificio: “Lo hacemos desde la responsabilidad, porque no vamos a permitir que una disputa administrativa o la falta de voluntad política de la Junta de Andalucía, pueda prolongar indefinidamente una situación que afecta a toda una comunidad educativa”.
A lo que añadía; “la normativa establece que a los Ayuntamientos les corresponde el mantenimiento de los centros públicos de enseñanza primaria. Pero una cosa es el mantenimiento ordinario de un colegio y otra muy diferente es la construcción de nuevos edificios o la reparación de daños estructurales de carácter extraordinario, como ocurre en este caso”, ha manifestado el alcalde.
Un problema estructural detectado desde 2022
Las grietas en dos de los módulos del centro, de dos plantas y con cuatro aulas en total, fueron objeto de distintos informes técnicos desde septiembre de 2022, que ya dejaron constancia de la aparición de fisuras y de una inclinación del forjado antihumedad.
En noviembre de ese año, técnicos de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) señalaron que era urgente actuar porque el edificio se estaba degradando rápidamente y las grietas continuaban aumentando, estimando las actuaciones necesarias en unos 200.000 euros, IVA incluido.
En enero de 2023, el arquitecto técnico municipal constató que persistían las grietas y fisuras y que la estructura del aula podía encontrarse en movimiento. El informe señalaba además que las obras de rehabilitación necesarias, por su carácter estructural y su envergadura, no se correspondían con las labores ordinarias de conservación y mantenimiento.
Un expediente con informes técnicos y discrepancias sobre la responsabilidad de la actuación
El expediente administrativo ha contado con sucesivos informes técnicos de las distintas administraciones implicadas.
En enero de 2023, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga concluyó que las actuaciones debían incluirse dentro del deber legal de conservación, mantenimiento y vigilancia municipal.
Posteriormente, un informe del arquitecto municipal de julio de 2023 estableció, tomando como referencia los valores medios estimativos de la construcción del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, un coste de reposición de 313.806,05 euros. Frente a los 200.000 euros estimados para la reparación, el informe determinó que estas obras suponían el 63,73 % del coste de reposición, por lo que entendía que correspondía a la Junta de Andalucía ejecutar la reposición del aulario.
La situación continuó agravándose. En septiembre de 2023 se constató un aumento de las grietas de entre 10 y 20 milímetros, según los testigos instalados, lo que indicaba que la estructura continuaba en movimiento.
En mayo de 2024, el Ayuntamiento encarga un estudio geotécnico que concluye que la cimentación antigua no cumplía con las exigencias normativas actuales y que presentaba daños (fisuras y fracturas) y no era acorde con la problemática expansiva del suelo. El informe completo fue trasladado a la Delegación Territorial en julio de 2024, poniendo nuevamente en conocimiento de la Administración autonómica la situación del centro y la necesidad de adoptar medidas.
Antecedente similar en el que sí intervino la Junta de Andalucía
Tal y como ha explicado Anthony Bermúdez, en el año 2020 tanto el CEIP Emilia Olivares como el CEIP Carmen Arévalo, en Villa del Guadalhorce, sufrieron daños de características similares a los que ahora nos ocupan: “En aquel momento, la Consejería de Educación entendió que se trataba de una actuación de su competencia, asumió su responsabilidad y actuó en consecuencia en ambos centros educativos”.
El alcalde, ante la pregunta de por qué en 2020 la Junta de Andalucía entendió que estas obras sí eran de su competencia y en 2026 dice que no le corresponde intervenir, responde que “no existe ningún cambio normativo que lo justifique. Lo único que ha cambiado, a nuestro entender, es la falta de lealtad y de voluntad política de asumir esa responsabilidad”.
El Ayuntamiento asume la demolición y reclama una solución definitiva
Ante la evolución de las deficiencias y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decidido acometer la demolición del módulo afectado.
El alcalde ha defendido la decisión como un ejercicio de responsabilidad municipal ante una situación que requiere una respuesta inmediata, al tiempo que ha lamentado la falta de colaboración de la Consejería de Educación en la solución definitiva del problema. “Resulta incomprensible y lamentable la ausencia de colaboración de la Consejería de Educación en este asunto”, ha señalado Bermúdez, quien considera que las actuaciones necesarias para resolver los daños estructurales y garantizar la reposición de los espacios afectados deben contar con la implicación de la Junta de Andalucía.
El regidor ha subrayado que la prioridad del Ayuntamiento es “garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa del centro”, motivo por el que se ha optado por no demorar la actuación mientras continúa la reclamación ante la Administración autonómica.
El Ayuntamiento reclama a la Junta la construcción de un nuevo módulo
Por su parte, la concejala de Educación, Maribel Plaza, ha defendido que, una vez ejecutada la demolición, la prioridad del Ayuntamiento es conseguir que la Junta de Andalucía asuma la construcción de un nuevo módulo que permita recuperar los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades educativas.
“Nosotros ya hemos acometido la demolición porque nos preocupa el bienestar de nuestros niños y niñas; la reconstrucción le corresponde a la Junta de Andalucía”, ha señalado Plaza, quien ha asegurado que el Ayuntamiento “seguirá insistiendo a la Consejería de Educación para que asuma su responsabilidad” y dé respuesta a una necesidad que considera prioritaria para el centro.
La edil también ha puesto como ejemplo la situación del CEIP Carmen Arévalo, en la pedanía de Villa del Guadalhorce, donde, según ha explicado, la Junta de Andalucía realizó en su día una actuación por daños estructurales únicamente en una parte del edificio. “Con el paso del tiempo, la zona en la que no se actuó empezó a presentar grietas y daños estructurales”, ha señalado.
Maribel Plaza ha recordado que el pasado año fue necesario desalojar el módulo afectado por el riesgo que suponían las grietas para el alumnado y ha indicado que, pese a que inicialmente estaba previsto que las obras fueran asumidas por la Junta de Andalucía, finalmente “el Ayuntamiento tuvo que ejecutarlas sin que tampoco colaborara la Administración autonómica”.
Ante estas situaciones, la concejala ha reclamado una mayor implicación de la Junta de Andalucía con los centros educativos del municipio y ha afirmado que “hay una falta de voluntad política para ayudar a los centros educativos de Alhaurín el Grande”.
El Ayuntamiento reitera así su compromiso con la comunidad educativa de Alhaurín el Grande y con la mejora de las infraestructuras escolares, al tiempo que continuará trasladando a la Junta de Andalucía la necesidad de abordar la reposición de los espacios afectados y llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para garantizar unas instalaciones educativas adecuadas para cada uno de los centros educativos de la localidad.